La empresa que enfrenta una crisis económica o financiera superable puede solicitar la intervención judicial que le permitirá la moratoria de pagos de acuerdo con un plan de salvamento elaborado por un profesional en administración o finanzas, y aprobado a nivel jurisdiccional. La intervención judicial facilita la adopción de medidas gerenciales correctivas, la reorganización y administración controlada por un interventor más un comité de vigilancia, con la ventaja de que sustituye cualquier medida previa que se le oponga, obliga a los acreedores civiles y mercantiles a la instauración del procedimiento junto con la reducción de la carga financiera e impositiva. En este trabajo se expone con detalle las etapas de solicitud, trámite, gestión y conclusión de este proceso judicial que busca evitar, en lo posible, la quiebra o el concurso civil.